Córneas, en $900 mil; dos riñones, en millón y medio; un médico, detrás del tráfico ilegal

Alfredo Méndez

Un par de córneas cuesta 900 mil pesos; dos riñones, millón y medio; un hígado, 600 mil. Esas son las cotizaciones en el mercado ilegal de órganos en México, sujetas al mejor postor. Basta que el interesado contacte alguna clínica pública de Guadalajara, Jalisco, donde se ha documentado la venta de partes humanas.

Una cascada de denuncias penales y administrativas señalan al médico Luis Carlos Rodríguez Sancho –actualmente investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especia- lizada en Delincuencia Organizada y por la contraloría de esa entidad– como el responsable de reprogramar, a cambio de dinero, a los beneficiarios de alguna donación de órganos.

De esta manera cualquier persona con los recursos suficientes podía contratar los “servicios” de este médico, que en 1998 fue nombrado jefe de la Unidad de Trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara, dependiente de la universidad de esa metrópoli.

Si existe la paga, no importa que antes del paciente adinerado haya 100 solicitantes de escasos recursos en la lista de espera para una donación de hígado, riñón o córneas.

Esto no es ficción. Ocurrió y ocurre en el nosocomio de la Universidad de Guadalajara, en el Hospital General de Occidente, ambos públicos, pero también en otras instituciones de salud del país.

Integrantes de organizaciones no gubernamentales documentaron lo anterior durante una conferencia de prensa ofrecida ayer. Salvador Cossío Gaona, representante legal de la asociación civil Conciencia Cívica; Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, y María Elena Solís Gutiérrez, de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, se presentaron ante los reporteros para exigir a las autoridades de Jalisco y a la Procuraduría General de la República que de inmediato atiendan las denuncias y se sancione a los responsables de estas irregularidades.

Dijeron que entre los beneficiarios que supuestamente pagaron entre 500 mil y dos millones de pesos para obtener un órgano, destacan el comediante Luis de Alba, El Pirrurris, así como Alfonso Gutiérrez Carranza, secretario de Salud del estado de Jalisco, y Enrique Solórzano Carrillo, actual rector de la costa sur de la Universidad de Guadalajara; estos últimos, “utilizando su puesto e influencias obtuvieron que su hermano y su hija, respectivamente, fueran ayudados, haciendo a un lado a cerca de 100 personas que estaban en la lista de espera para un trasplante”.

Además, presentaron el caso de una mujer que perdió a su hijo en la plancha de un quirófano. Se trata de Irma Chávez, madre de Rafael. Su hijo murió el pasado 30 de junio.

La mujer, presente en la conferencia de prensa, platicó su historia. Dijo que su hijo padecía, desde 2005, insuficiencia renal crónica. Sus riñones eran quísticos. Inició hace dos años, en el Hospital Civil de Guadalajara, el protocolo necesario previo a la operación. En junio pasado fue programado para el trasplante.      

“Cuando mi hijo salió del quirófano me dijeron los doctores que la operación fue un fracaso, que el riñón donado por mi hermano estaba perforado”, recordó.

Sin poder esconder el dolor que le causa recordar a su hijo, Irma añadió que a su hermano “le dijeron lo contrario, que la operación fue un éxito”.

Sin embargo, su hijo vivió solo cuatro días. Al cadáver del joven de 15 años no se le practicó la autopsia. No se sabe hasta hoy donde quedó el supuesto riñón perforado. “Es obvio que lo ocuparon (el riñón del donador) para otra persona que pagó por el órgano”, aseguró la mujer.

De su lado, el abogado Salvador Cossío sostuvo que esta documentado que el doctor Rodríguez Sancho cobra hasta 2 millones de pesos por realizar un trasplante de hígado, riñón o córneas.

Agregó que de acuerdo con testimonios recabados por Conciencia Cívica, la mayoría de los órganos trasplantados en Guadalajara provienen de San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo León y del estado de Guanajuato.

Refirió que Rodríguez Sancho está en libertad, ya que aun cuando fue detenido sólo estuvo arraigado una semana, “y tenemos conocimiento de que sigue realizando trasplantes en diversas entidades del país”.

El litigante solicitó que se investigue a los responsables “de esto que es un claro tráfico de órganos humanos”, pues varias personas han perdido la vida, ya que se da prioridad a quienes pagan por adquirir la donación.