La contaminación provocada por los grandes corporativos como las fundidoras de acero Hylsa e IMSA, cementeras como Cemex, e industrias químicas como Pyosa y LTH, ha provocado el aumento de metales pesados y partículas suspendidas en el aire de la ciudad y su zona metroplitana.

Lo más grave es el alarmante aumento de cáncer en niños menores de 14 años: 9 mil casos nuevos cada año, lo que representa un aumento de 375% y muy por arriba de la media nacional.

Pese a ello las autoridades han recortado el presupuesto para monitorear y combatir la contaminación: de 760 millones pasó a paupérrimos 50 millones. La apatía del gobierno ha sido tal, que todos los programas para medir la contaminación han sido cancelados en los últimos 15 años por los gobiernos panistas y priístas del estado, algo sorprendente para una ciudad del tamaño de Monterrey. Los últimos registros confiables, realizados por el Banco Mundial, son de 1995. Entre los contaminantes se encontraron arseniato de calcio, plomo, bismuto, cobre, zinc y cadmio, todos dañinos y/o cancerosos.

La ciudad se ha caracterizado por apostar a un modelo no sustentable de desarrollo: no poner trabas a la iniciativa privada con el objetivo de atraer a la inversión, pero ello, ahora se ve, a un alto costo para los propíos regiomontanos.

En 1988 el gobiernó estatal pudo convertir los antiguos terrenos de la fundidora en una pulmón ecológico de 114 hectáreas para la ciudad, en lugar de ello el gobierno "donó" los terrenos a la iniciativa privada, la cual los uso para construir hoteles, cines y una pista de de carreras, designando sólo una porción como parque. Cada año nuevas construcciones se "comen" una parte de lo que queda del parque.

El gobierno incluso construyó (con los impuestos de los ciudadanos, claro) la pista de carreras con 22 millones de dólares y es socio con un 15% de los costos para realizar el "Grand Prix", todo esto en un ciudad con maś de un millón de habitantes sumidos en la pobreza. Los varios intentos de organizaciones ciudadanas por conocer los detalles financieros de Fideicomiso Fundidora, entidad del gobierno que administra el "parque", han sido denegados por las autoridades.

Para concluir, hace tres años el gobierno privatizó 100 mil hectáreas del Parque Nacional Cumbres, zona donde viven vivían especies en peligro extinción.

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