Carlos Fazio

Sobre nazis, terror y medios

México vive una aguda lucha de clases. La actual disputa en torno al petróleo, que confronta a privatizadores y nacionalistas, exhibe el problema de manera descarnada. Continuación de la pelea en torno al fraude de Estado electoral, el conflicto sobre la privatización de Petróleos Mexicanos expone, en definitiva, la disputa entre dos proyectos de nación dentro de los marcos del sistema.

La primera fase de la lucha en torno a la contrarreforma energética de Felipe Calderón desnudó la renovada alianza de clases de los partidarios del status quo y el inmovilismo; de quienes se oponen a todo cambio social y al pensamiento crítico y solidario. Y como tantas veces antes en el pasado reciente, dicha alianza clasista se movió, en términos de propaganda, en dos terrenos interrelacionados, complementarios y, en rigor, sincronizados: el de los intelectuales orgánicos del sistema y el de la guerra sucia mediática patrocinada por la derecha más reaccionaria. En ambos casos, el escenario principal de la campaña de manipulación e intoxicación propagandística fueron los medios electrónicos bajo control monopólico, Televisa en primer lugar. Sin embargo, la prensa escrita también jugó papel destacado, sobre todo en las secciones de opinión.

El blanco de la campaña fue el mismo que desde 2002, atravesando por los videoescándalos, el desafuero y la guerra sucia electoral, tiene inquieta a la oligarquía y llega hasta nuestros días: Andrés Manuel López Obrador, estigmatizado entonces como populista radical, mesías tropical, hombre autoritario y violento, y caricaturizado ahora como fascista, nazi y golpista, entre otros epítetos y trucos retóricos fuera de toda proporción y objetividad.

En el fondo, la reacción de la cúpula empresarial, la ultraderecha corrupta y sus papagayos mediáticos no se reduce a señalar a AMLO como “un peligro para México”. El verdadero temor de la plutocracia gobernante, sus aliados priístas y los intelectuales políticamente correctos guarda relación directa con el avance de la conciencia popular, las masivas acciones de la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral y en defensa del petróleo y el surgimiento de distintas formas de organización horizontal en todo el territorio nacional.

Si a ello se le suma la existencia en México de otras fuerzas antisistémicas, algunas de carácter armado (EZLN, EPR, ERPI), se comprende por qué el régimen recurre de manera persistente a la mentira, la falsificación de la información y al terrorismo mediático, en el contexto de una guerra contrainsurgente en ascenso.

La cúspide de la campaña mediática fue un espot difundido en horarios estelares de Televisa, donde se comparó la toma de las tribunas en el Congreso por legisladores del Frente Amplio Progresista con acciones encabezadas por Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta. Por medio de una secuencia de imágenes, esos anuncios pretendieron equiparar a López Obrador con los personajes mencionados, mientras se afirmaba que, con la “clausura” del Congreso, la “democracia” mexicana y la “paz” estaban en peligro. Un insulto a la inteligencia, o una forma falaz y absurda de sembrar miedo y alimentar el encono y la polarización social.

La liga directa del Partido Acción Nacional con los promotores visibles de los espots de propaganda negra (entre ellos los neofascistas Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega, quienes en colusión con el genocida presidente de Colombia, Álvaro Uribe, presentaron además una denuncia penal por “terrorismo internacional”, ante la Procuraduría General de la República, contra Lucía Morett y 15 mexicanos más, cuatro de ellos asesinados en el Sucumbíos ecuatoriano), no dejó duda sobre quién fue, en realidad, el autor intelectual de la nueva campaña de odio: el gobierno de Felipe Calderón. Una vez más, el respaldo público del Consejo Coordinador Empresarial al régimen desnudó el carácter de clase de la nueva guerra sucia mediática.

John M. Ackerman recordó en estas páginas que el fascismo es una ideología basada en la razón de Estado y la fidelidad total al jefe de la nación, que utiliza la violencia y la propaganda para generar un clima de miedo y odio contra los “diferentes”. Y no es precisamente López Obrador quien se ha acercado en los últimos años al fascismo, sino los gobiernos del PAN y los grandes monopolios privados, legitimados por la jerarquía conservadora de la Iglesia católica e intelectuales áulicos que viven de la teta del poder.

Con un agregado: igual que ocurre en Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia, el nuevo laboratorio mediático de abril en México forma parte de la “guerra de cuarta generación” impulsada por la administración Bush en el marco de su lucha contra el “terrorismo” (como sustituto del viejo fantasma comunista).

El concepto, acuñado en 1989 por William Lind del Pentágono, abarca la guerra asimétrica, la guerra sucia, el terrorismo y la propaganda, en combinación con estrategias no convencionales de combate que incluyen la cibernética, el control de población y la política.

Asociada a la guerra sicológica, la generación de matrices de opinión falsas y negativas, mediante el reciclamiento de mensajes fabricados que son difundidos en la gran prensa internacional, permite librar batallas que se resuelven sin fusiles. Las grandes unidades militares son remplazadas por pequeñas unidades mediáticas que montan grandes operaciones de prensa que buscan determinada reacción de la sociedad. Con una ventaja central: a la familia Santos del diario bogotano El Tiempo, y a Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, no hay que engañarlos o convencerlos. Son herramientas dóciles, porque sus intereses económicos y de clase coinciden con los objetivos de las guerras sicológicas de Washington.

John Saxe-Fernández
http://jsaxef.blogspot.com

Desaciertos mayúsculos

En el poder por 26 años, el neoporfiriato lanza ahora un paquete de “reformas estructurales” de corte energético, policial-militar y judicial-penal, que coloca en riesgo las bases de la soberanía. Es parte de un rosario de políticas que fomenta la depredación enriquecedora de una minoría y empobrece, a perpetuidad, a más de 100 millones de mexicanos, desalojados de sus empresas públicas y expulsados de su espacio nacional, a un ritmo anual de más de 600 mil, que migran a EU en busca de empleo.

No es por las fuerzas inexorables de la globalización, sino por el tipo de componendas y esquemas derivados de la torpe negociación de la crisis deudora de 1982 y de los acomodos que siguieron al estallido de 1994 que acentuaron la desnacionalización de la toma de decisiones económicas, que se extiende a Pemex-CFE y al área policial/ militar y judicial/penal. A pesar de que se retiró la polémica decisión de permitir allanamientos de morada sin orden judicial, la reforma judicial contiene regresiones que, como en EU y en Canadá, comprometen los derechos humanos, políticos y civiles de la población, como es el espionaje oficial sobre información privada. Ya el jurista Sergio García Ramírez advirtió sobre éstos y otros elementos que plantean la amenaza de intervención del Estado en las libertades de los ciudadanos porque “los procesos de consignación, orden de aprehensión y la formal prisión se han flexibilizado… Y en estos procesos están en gravísimo trance los derechos humanos; no es razonable despachar con levedad de argumentos una consignación o una orden de aprehensión”. (Proceso, 24/2/08). En su criterio esto es un “desacierto mayúsculo”, porque al aligerarse la carga probatoria previamente al Ministerio Público “significará que en adelante, los obsequios de órdenes de aprehensión y consignación serán muchos” (ibid).

En la antesala de un asalto al patrimonio petroeléctrico de la nación mexicana, estas propuestas, que inciden en la esencia misma del Estado, son auspiciadas bajo la rúbrica de una “integración profunda” de la “América del Norte” y forman parte de una construcción social orientada a la criminalización de la resistencia civil y a la rapiña antinacional. La constitucionalización del Estado policial, bajo el superficial pretexto de “agilizar los procedimientos penales”, ocurre en medio de una desestabilización que acumula más de 25 años de agresión y despojo contra la economía popular y de la clase media (Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, etcétera) y cuando está en puerta la “legalización” de la privatización en curso de Pemex-CFE, empresas vitales para la construcción de un futuro nacional viable.

El paquete de iniciativas sigue los criterios de “integración profunda” impulsados por Washington en las reuniones secretas de la ASPAN, celebradas en Waco, Texas (2005), Banff, Alberta (2006) y en Montebello (2007) con la concurrencia de Bush, Harper y Fox/Calderón, de representantes de los monopolios de EU y sus contrapartes en México y Canadá, así como de la cúpula militar y de inteligencia, todos bajo la batuta de la Casa Blanca. Fueron deliberaciones para establecer un Estado policial-militar, realizadas a espaldas de la población, de las legislaturas y del estado de derecho.

La advertencia de García Ramírez de que se está abriendo “una gran ventana de oportunidades para acomodar a la policía como le convenga a cada estado, o subordinarla a los municipios incluso”, con lo que el MP no tendría la capacidad de “supervisar y sujetar la actuación de la policía durante una investigación, incidiendo en la relación entre el MP, la policía y el ciudadano” adquiere importancia mayor porque en verdad es expresión manifiesta de un desborde del Estado de excepción de EU hacia sus dos vecinos, con auspicio del Pentágono que algunos perciben como un “golpe de Estado en cámara lenta”.

En Canadá se agudiza la pérdida de soberanía territorial. Sin enterar a la opinión pública de ese país, el pasado 14 de febrero su gobierno y el estadunidense acordaron, desde el Comando Norte, establecido por Rumsfeld en 2002, que cada nación pueda enviar tropas al territorio de la otra “durante una emergencia civil”. Tanto este esquema como la Iniciativa Mérida entre EU y México –de la que no se conocen detalles– son parte de la mencionada agenda de la “integración profunda”, cuyo plan de acción incluye (textual) “la homologación y armonización de los procedimientos policial/penales” y “un incremento en la integración militar-policial”. Para abrogar restricciones legales a la privatización en curso de Pemex y CFE se promueve “una estrategia energética común” para la “modulación y desregulación del mercado energético de la América del Norte”. También se mencionan barreras “tarifarias” comunes y la “negociación en bloque” con el “exterior”.

Es integración “profunda” en petróleo, gas, electricidad, agua, infraestructura, seguridad y política exterior. No desaparece ni el muro ni el apartheid laboral. Lo que se desvanece sería “México” y “Canadá” como entes soberanos.

Carlos Fazio

Privatizar es el nombre del juego

El 29 de marzo de 2007, en un pequeño ejido del municipio Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, Felipe Calderón confió que se le había cumplido un “sueño”. Rodeado de un férreo cinturón de policías y soldados uniformados, recordó que de niño esperaba al viento para hacer volar sus papalotes. Y ahora, allí, su sueño se cumplía. Se refería a la inauguración de la central eólica La Venta II, proyecto, señaló, “que me tocó discutir, autorizar e impulsar cuando fui secretario de Energía”. Después, en el contexto de un acto solemne de impronta priísta –con un par de miles de campesinos acarreados al son de 200 pesos y una torta–, Calderón dijo que para “superar” la miseria era indispensable “desterrar” el odio, la violencia, la impunidad, el abuso y la corrupción entre hermanos y llamó a “olvidar los rencores” y “cicatrizar las heridas”. En su turno, Ulises Ruiz –señalado como responsable intelectual de 26 asesinatos y el encarcelamiento de cientos de luchadores sociales oaxaqueños– lo nombró “presidente legítimo”. En ese estado, la alianza PRI/PAN quedaba sellada.

Lo del papalote de Calderón era un cuento para niños. En realidad, privatizar era el nombre del juego. Y privatizar la electricidad bien valía un Ulises. Porque de eso se trataba el acto: con la inauguración de la “granja” eólica La Venta II recomenzaba la apropiación furtiva del istmo de Tehuantepec y una nueva fase del Plan Puebla-Panamá (PPP). Por eso un proyecto de generación de energía “limpia” se ensuciaba con un vasto operativo castrense. Porque la militarización es una constante asociada a los grandes proyectos empresariales en América Latina, y una de las bases sobre las que Calderón ha basado su mandato en México. Se trata de dar garantías de estabilidad y seguridad a los inversores, manu militari; ése fue el mensaje.

En el caso de La Venta II, la central fue concesionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la trasnacional española Iberdrola, y construida por su “brazo eólico” Gamesa, mediante el despojo de 800 hectáreas ejidales y con base en amenazas, manipulaciones, arreglos amañados y pagos por arrendamiento de tierra irrisorios a los comuneros. Como fuente de energía, la eólica no representa problema. Pero su apropiación privada sí. También los métodos gansteriles y los contratos leoninos que utilizan las compañías trasnacionales para imponer sus “inversiones” y apropiarse de la tierra de los campesinos, con la complicidad gubernamental vía el Procede. Es para satisfacer la avidez de los capitalistas extranjeros, y con la bendición de las agencias de “desarrollo” que dependen del Tesoro estadunidense, que el calderonismo impulsa más contrarreformas a la legislación secundaria como vía encubierta para privatizar la industria eléctrica.

Las concesiones a particulares no pueden estar por encima de los artículos 27 y 28 constitucionales, que determinan la exclusividad de la nación en el aprovechamiento y explotación de la energía eléctrica, un servicio público. Se argumentó que una vez que el constructor recupere su inversión, La Venta II pasará a control de la CFE. Pero Calderón anunció la construcción de La Venta III, IV y V en Santo Domingo, San Dionisio del Mar y Unión Hidalgo, en el istmo de Tehuantepec, y ésos sí serán proyectos totalmente privados, sobre los que tienen puesta la mira las trasnacionales españolas Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, así como Electricité de Francia, y las estadunidenses Exxon y General Electric.

Pero hay un nuevo jugador: el Grupo Gándara Censa, del magnate español Manuel Carlos Mouriño Atanes, radicado en Vigo, ex miembro de la organización Amigos de Fox en el sureste mexicano y padre del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. El clan Mouriño es propietario, además, del Grupo Energético del Sureste (GES), que cuenta con 38 gasolineras, y que en 2008, mediante una coinversión con la española Gándara, tiene planeado instalar una “maquiladora de torres eólicas” de última generación en la porción mexicana del PPP.

Según anunciaron representantes del grupo corporativo, GES y Gándara Censa trabajarán como una empresa auxiliar de grandes consorcios españoles del sector de la energía. Con un dato adicional: La Venta II y los nuevos proyectos eólicos en curso forman parte del PPP, que a través de préstamos condicionados del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca crear la infraestructura necesaria para atraer inversión extranjera en el marco de la liberalización económica propia de los tratados de libre comercio. En el ámbito energético, La Venta alimentará al Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (Siepac), que une Guatemala con Panamá y que a través de México llevará energía al mercado estadunidense.

Y allí le aparecen las patas a la sota. El “sueño” de Calderón de convertir el aire en mercancía era compartido con Juan Camilo Mouriño. Ambos palomearon el proyecto privatizador cuando Calderón era titular de la Secretaría de Energía y Mouriño subsecretario de Electricidad de la dependencia. Por eso ahora la prioridad de ambos es que se aprueben contrarreformas para que los particulares puedan participar plenamente en la generación de energía. Pero no se trata sólo de entreguismo, sino de negocios. Negocios privados amarrados desde el poder del Estado. Sólo que para concretarlos necesitan de la represión. Es decir, del Plan México que se apresta a financiar la administración de George Bush, previa aprobación por el Congreso de Estados Unidos.

Carlos Fazio

Miedo y dominación

Las relaciones de Estados Unidos con México y América Latina pasan por una fase de restructuración que tiende hacia la formación de estados autoritarios en la región. A nivel ideológico y represivo, la imposición del sistema de dominación neoliberal de comienzos de los años 90 no significó una ruptura con el modelo anterior. Tras el triunfo de la revolución cubana en 1959, John F. Kennedy utilizó una doble vía para consolidar la hegemonía estadunidense en el área: la Alianza para el Progreso y el militarismo. De la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional, Washington y los ejércitos latinoamericanos definieron al “enemigo interno”: el comunista, el tupamaro, el montonero, los “cívicos” de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y la Liga 23 en México, como encarnación de la “antipatria” y la “subversión atea”. La contrainsurgencia echó mano de la guerra sucia, los escuadrones de la muerte y el paramilitarismo en el campo, y condujo al terrorismo de Estado, con un alto saldo de ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturados, presos políticos y exiliados. También aplicó la guerra de baja intensidad contra la Nicaragua sandinista e invadió Granada y Panamá.

Tras la autodisolución de la Unión Soviética (1989), a la par del neoliberalismo, Washington impulsó la “guerra” a las drogas: el narcotráfico como sustituto del fantasma comunista. El 11 de septiembre de 2001 dio a la administración de Bush la oportunidad para un golpe de Estado técnico en Estados Unidos y la imposición de la Ley Patriótica. Y con el uso de la mentira como arma de guerra invadió Afganistán e Irak. Asimismo, inició la “guerra contra el terrorismo”, como enemigo unificador.

Si la Doctrina de Seguridad Nacional fue un instrumento ideológico-militar apto para contrarrestar los movimientos de liberación nacional en los años 60/70, hoy, tras la larga noche de la dictadura del pensamiento único neoliberal, el imperio, las oligarquías vernáculas y sus administradores cipayos han venido trabajando en la construcción social del miedo y de los nuevos enemigos internos para imponer su modelo de dominación.

Los tres ejes claves para la construcción del miedo y remilitarizar el nuevo Estado autoritario son el terrorismo, incluido el eje del mal, con Cuba y Venezuela a escala regional; el populismo radical (Hugo Chávez, Evo Morales, López Obrador), y el crimen organizado. Mediante esos enemigos míticos, elusivos e impredecibles –que actúan de distractores administrados y potenciados por los medios de difusión masiva como propagandistas de la “razón de Estado”– el sistema busca legitimar el uso de la fuerza y genera de facto un Estado de excepción provisto de nuevas leyes de carácter represivo que recortan las garantías individuales y colectivas.

El nuevo Estado militarizado se presenta como el “salvador” y, según dice Robinson Salazar, con el juego de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado “encarcela a la sociedad”. Nos vigila. Limita los espacios públicos. Invade la privacidad de la persona. Impone leyes antiterroristas a imagen y semejanza de la Ley Patriótica. Discrimina. Fomenta la delación. El no te metas.

El miedo construye escenarios de riesgos en la subjetividad colectiva y altera la vida cotidiana mediante la angustia, el temor y una sensación de peligro latente. Ante el temor de la sociedad, y como forma de fomentar la fragmentación social y el individualismo, de erosionar la vida comunitaria y la solidaridad, el sistema genera imaginarios de exclusión: guetos, barrios amurallados en fraccionamientos con seguridad privada.

La imposición de un nuevo modelo policial-militar está en función de objetivos económicos que tienden a cristalizar a través de megaproyectos regionales como el Plan Colombia-Iniciativa Andina, el Plan Puebla-Panamá y la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Elaborados por el Banco Mundial y el BID, tales proyectos sirven a grandes corporaciones multinacionales. Vienen por el petróleo, el gas natural, el agua de los ríos para generar electricidad, el uranio, la biodiversidad. Buscan generar corredores multinodales para extraer por tierra, mar y aire nuestros recursos e inundar nuestros mercados con sus productos. Tales proyectos se inscriben en lo que John Saxe-Fernández ha llamado la “geopolítica del desalojo”: promueven la contrarreforma agraria y el vaciamiento forzoso de tierras, muchas veces por medio del paramilitarismo y/o empresas de “contratistas privados” compuestas por mercenarios.

En ese contexto se inscriben la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN); el Plan México, símil del Plan Colombia, y la reactivación del Plan Puebla-Panamá, que para este año tiene prevista la interconexión eléctrica del sur-sureste de México con Centroamérica. Eso tiene que ver con Carlos Slim, la Halliburton, Chevron y otras corporaciones de Estados Unidos, pero también con un puñado de empresas españolas que llevan a cabo la reconquista de América: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Repsol, entre otras. Lo que conecta con la designación de Juan Camilo Mouriño en Gobernación, con el proyecto calderonista-priísta de privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, con La Parota en Guerrero y el achicamiento del cerco militar y paramilitar en Montes Azules sobre las autonomías zapatistas.

La construcción del miedo y la fabricación de nuevos enemigos –incluida la enésima “guerra” contra el narcotráfico– sirven al gran capital. En función de ello necesitan legitimar la “mano dura” y aterrizar las armas de la Iniciativa Mérida para reprimir al pueblo, que se viene organizando desde debajo de múltiples maneras, acumulando fuerza, elaborando proyectos alternativos. Es porque el pueblo avanza en conciencia y organización que los que mandan necesitan militarizar más al Estado.